Dictamen favorable del CES de Cantabria al Anteproyecto de Ley de Finanzas
El CES valora de forma positiva la iniciativa de abordar a nivel legislativo la regulación del ciclo presupuestario de la región. El texto sometido a consulta contribuye, añade el Consejo, a cumplir con la finalidad de realizar una legislación completa de la elaboración, aprobación, ejecución y control de los presupuestos, adaptándose a las Leyes de Estabilidad Presupuestaria, que constituyen legislación básica del Estado.
Partiendo de esta consideración previa, el CES recoge en su Dictamen otras recomendaciones de carácter particular al articulado.
El Anteproyecto de Ley determina los intereses de demora en el caso del incumplimiento en plazo de las obligaciones de la Hacienda Pública. Para este Consejo, no se fomenta la lucha contra la morosidad en la Hacienda Pública y se contradice la tendencia marcada por las Directivas Comunitarias sobre pagos, por lo que se propone una redacción alternativa más acorde con la regulación existente de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta Ley ha adaptado, a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las medidas contempladas en su texto y que reflejan la normativa comunitaria. En este sentido, y por coherencia legislativa, el presente Anteproyecto debería seguir la misma tendencia.
El CES también se refiere a las competencias del Gobierno de Cantabria para autorizar, otorgar y formalizar avales. En opinión del Consejo, es conveniente establecer un límite máximo al importe total de los avales que puede conceder el Gobierno regional. En este sentido, el CES considera que el instrumento ideal es dotar a dicho límite de rango legal, recogiéndolo anualmente en la Ley de Presupuestos Generales.
Otra de las recomendaciones del CES hace referencia a las competencias de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, de nueva creación. Para el CES, una de sus competencias podría ser la de evacuar consultas de índole contable que formule cualquier organismo perteneciente al sector público de Cantabria, lo que ayudaría a crear una uniformidad de aplicación, así como una línea interpretativa homogénea de los preceptos relacionados con este área.
Finalmente, el Dictamen también recoge la necesidad de que todas las sociedades mercantiles autonómicas y las fundaciones del sector público autonómico estén obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría. Asimismo, se sugiere una remisión a la Ley de Auditorías en cuanto a la regulación de las mismas.
