Dictamen del CES al Anteproyecto de Ley de Pesca en Aguas Continentales

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Esta norma articula en un único texto legal los diferentes elementos que actualmente constituyen la política de Cantabria en materia de pesca continental. Se trata, añade el CES, de una Ley amplia en contenido, que recoge numerosas remisiones normativas a una posterior regulación reglamentaria. Por ello, es necesario su elaboración en el más breve plazo posible ya que, hasta entonces, no será posible comprobar la verdadera viabilidad y eficacia del proyecto.

Para poder conseguir sus propósitos, se ha previsto un endurecimiento de las infracciones y sus correspondientes sanciones. Esta mayor rigidez del sistema afectará no sólo a quienes introduzcan sin permiso nuevas especies en nuestras aguas, sino también a aquellos que intenten modificar los cursos de los caudales por medio de la instalación de presas, diques o cualquier otro elemento encaminado a conseguir ese fin, o a quienes ejerzan la actividad pesquera sin poseer los documentos exigidos, entre otros ejemplos.

En referencia al procedimiento sancionador regulado, el CES solicita en diversos preceptos ampliación de las garantías de su ejercicio. Por citar algunos, la Ley indica que las infracciones graves y muy graves podrán conllevar medidas accesorias, sin especificar en absoluto en qué casos se aplicará. Asimismo, en opinión de este Consejo, el registro por parte de los funcionarios de vigilancia y control de pesca recogido en esta norma puede provocar conflictos en su aplicación. Así, el CES reclama que se detalle claramente el protocolo de actuación de estos agentes, para que respete al máximo los derechos fundamentales de los sospechosos de infracción.

Otra de las recomendaciones del CES hace referencia a la licencia de pesca. El anteproyecto establece la obligación, por parte del peticionario de dicha licencia, de acreditar previamente que no ha cumplido pena o que no se le ha impuesto sanción administrativa. Es doctrina reiterada del CES que el administrado no está obligado a facilitar a la Administración los datos que ya obran en su poder, según contempla la Ley 30/92.

Finalmente, el CES advierte que pueden existir conflictos competenciales entre el Estado y la Comunidad Autónoma en algunas materias objeto de regulación en esta Ley. Tal y como se recoge en el Dictamen, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado anteriormente en relación con esta materia. En este sentido, el CES sugiere una profunda revisión del texto sometido a consulta, considerando que existen preceptos cuya constitucionalidad puede resultar en duda a la luz de la doctrina reflejada del Tribunal Constitucional.